Los dueños de uno de los locales expropiados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para realizar una boca de ampliación en la línea reclaman un pago para retirarse del lugar, al tiempo que denuncian un "negocio inmobiliario".

“No nos vamos a ir hasta que no nos den un mínimo de dinero en concepto de lucro cesante, del fondo de comercio e indemnización para los empleados, que es lo que corresponde”, señaló a Télam una de las dueñas de Agendar, Mariana Soriano,un negocio familiar que lleva más de 35 años ubicado en la Avenida Pueyrredón al 1300.

Agendar es el único comercio que resiste el desalojo ya que los otros tres que se encontraban en la misma situación, dos casas de ropa y una zapatillería, ya dejaron los locales.

“Se fueron por miedo porque fuimos víctimas de presiones. Tuvimos amenazas, llamadas extorsivas y ayer nos pincharon las ruedas del auto. Si cerramos, más allá de que es la fuente de trabajo familiar, dejamos en la calle a tres empleados que nos acompañan hace más de veinte años”, describió la comerciante.

Y añadió: “nosotros no nos oponemos al crecimiento de la Ciudad, pero no nos pueden dejar en la calle sin ningún tipo de reparación”.

La expropiación de los edificios que están sobre la Avenida Pueyrredón, desde el 1330 hasta el 1344, fue ordenada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en función de que realizará allí una nueva boca para la línea del subte H.

“Jurídicamente esto tiene un orden, pero desde el punto de vista social no están contemplando el derecho de la gente que ha estado generando un pago de impuestos durante años, o sea un sector de la comuna se benefició con el dinero de estos comerciantes que hoy desprecia”, indicó por su parte Ricardo Tondo, coordinador de la organización Transparencia Inmobiliaria.

Transparencia Inmobiliaria es una organización que difunde los actos de corrupción del sector ya sea de parte de los consorcios o en la actividad comercial de las inmobiliarias.

En este caso, además de denunciar la falta de algún tipo de reparación económica, Tondo aseguró que tiene en su poder “planos que demuestran que sólo el 30 por ciento del espacio que es desalojado será destinado para la ampliación del subte y el resto será utilizado para la construcción de un shopping que tiene aprobado hasta 10 pisos en el plano”.

“Hoy mucha gente es indiferente, y esto es porque no sabe que este decreto le permite al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires poner un compás en cualquier boca de cualquier subte y so pretexto de una expansión trazar en un radio de 400 metros hacer una expropiación”, indicó.

Los comerciantes señalaron que “hace más de un año comenzaron a informar que nos iban a desalojar pero con datos falsos porque primero nos dijeron que nos iban a pagar más del doble y resulta que lo que ofrecen es el 30 por ciento de la valuación fiscal a los dueños de los locales”.

Tondo añadió que “lo que se debería haber hecho es una auditoría que muestre que este trazado es lo que se necesitaba y una investigación que permita llegar a una audiencia pública para que esto se someta a votación”.

Ante el inminente desalojo, que estaba previsto para hoy pero que no se llevó a cabo, los comerciantes de Agendar anticiparon que seguirán “luchando hasta que nos den la fuerza”.

Por Télam.

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