La jueza de la Ciudad, Patricia López Vergara, desestimó una presentación de la Procuración General porteña que reclamaba una citación del Estado Nacional. Los argumentos de la magistrada y las críticas de Metrovías al gobierno de Mauricio Macri.

La polémica por la transferencia del subte a la Ciudad de Buenos Aires sumó ayer un nuevo capítulo en los tribunales porteños, cuando la jueza Patricia López Vergara rechazó otro recurso presentado por la Procuración General para que “sustancie” una citación al Estado Nacional. Sin embargo, la titular del sexto juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario le recordó a los abogados de la gestión PRO que a principios de agosto ya había convocado al Estado Nacional en audiencias donde participaron como firmantes del acta que destrabó el conflicto.

La respuesta de la magistrada derivará en una nueva apelación del gobierno porteño para sacar el caso del Juzgado 6 y llevarlo a la Sala I de la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso, presidida por Carlos Balbín, Inés Weinberg de Roca y Mariana Díaz, la nueva integrante del tribunal que proviene de la Secretaría Letrada del Tribunal Superior de Justicia, donde el PRO mantiene una fuerte influencia. Weinberg de Roca es la magistrada que hace 15 días pidió los originales del expediente, en medio de una disputa judicial por una queja similar a la que derivará este nuevo rechazo de López Vergara a un recurso del PRO.

El nuevo trámite sumará mayores demoras a la firma de un fallo definitivo en el caso que surgió a principios de agosto, cuando comenzó el paro más extenso de la historia del subte y la legisladora María José Lubertino (FPV) presentó un amparo para garantizar los derechos de los 900 mil pasajeros que transporta el metro y para que la justicia defina si la Ciudad debe aceptar o no la transferencia que el jefe de gobierno, Mauricio Macri, firmó en un acta que luego rechazó.

Mientras los cruces judiciales prometen sumarse a la polémica que se abrirá hoy en la Legislatura por el mismo tema, la empresa Metrovías volvió a rebatir los argumentos de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), que  el lunes habían dicho que la concesionaria podía seguir operando el subte sin los subsidios federales que la Nación dejará de enviar el 31 de diciembre. “Los costos operativos del subte ascienden a un piso de 120 millones pesos mensuales (de los cuales 85 millones corresponden a salarios) y por la venta de pasajes se recauda un poco menos de 50 millones de pesos”, argumentó Mariano Gibaut, vocero de la concesionaria que explota el subte desde 1993.

Según sus palabras, Metrovías no podría trabajar sin los 30 millones mensuales que la Nación deposita en  una cuenta a nombre de la Ciudad. “Desde la suspensión del traspaso del subte la empresa viene atravesando un déficit que se redujo con la decisión de la jueza Patricia López Vergara de liberar los aportes del gobierno nacional por 123 millones de pesos”,  dijo Gibaut. Y recordó que “todavía está pendiente que el gobierno de la Ciudad cancele su parte de la deuda en concepto de subsidios acordados en el acta, que a la fecha asciende a más de $ 150 millones”.  “La situación es bien complicada. Si aumentamos el boleto, estamos en el mismo problema de antes. El subte no se puede financiar sólo con la tarifa”, argumentó la empresa. «

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