El conflicto gremial del Subte, que este martes derivó en represión policial, detenciones de dirigentes gremiales y un paro total de la red, viene gestándose desde hace dos meses atrás, tras el fallo de la Corte que revocó la personería a la AGTSyP. La paritaria del 15,2% firmada con la UTA y la inusual dureza con los metrodelegados, ¿una señal a los potenciales interesados en la concesión?

La caótica jornada vivida este martes en la Ciudad de Buenos Aires, que incluyó escenas de represión policial en los túneles de la línea H y la detención de 16 trabajadores del Subte es el punto cúlmine de un conflicto que se viene gestando bajo tierra desde hace más de dos meses.

El conflicto ha desembocado en algo que los Metrodelegados venían eludiendo todo este tiempo: la convocatoria a un paro total de la red por tiempo indeterminado. Los niveles de tensión en el ambiente recuerdan al ya histórico paro del año 2012, cuando conflicto por el traspaso mediante, Buenos Aires quedó sin servicio de Subte por diez días.

La disputa actual tiene su primer antecedente el 14 de marzo pasado, cuando la Corte Suprema de la Nación confirmó un fallo mediante el cual se revocó la personería gremial de la AGTSyP bajo el argumento de irregularidades formales en su tramitación, iniciada en 2013La representación oficial volvió entonces a manos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que la había detentado hasta diciembre de 2015, cuando en los últimos días del anterior gobierno, el Ministerio de Trabajo dictaminó a favor de la AGTSyP, de adscripción fuertemente mayoritaria entre los trabajadores de la red.

El fallo del máximo tribunal del país llegó en medio de la discusión paritaria, de la cual la AGTSyP comenzó a ser marginada. Apenas un mes más tarde de la resolución de la Corte, las autoridades laborales y Metrovías acordaron con la UTA un aumento salarial del 15,2% en tres cuotas. La cifra del 15,2% fue inmediatamente rechazada por la AGTSyP por considerarla insuficiente.

El gremio comenzó a realizar liberaciones de molinetes en estaciones puntuales y medidas de fuerza rotativas: primero, una ronda de paros de 5:30 a 7:30 (que se llevaron a cabo del 17 de abril al 2 de mayo), luego una segunda ronda de paros de 20:30 a 23:30 y finalmente una tercera ronda de paros de 12 horas que se realizaron el pasado miércoles (líneas A y B), el pasado viernes (líneas C y D) y el martes de esta semana en las líneas E, H y Premetro.

El Gobierno de la Ciudad venía haciendo oídos sordos a la demanda de los representantes gremiales de reabrir una negociación paritaria que incluyera a la AGTSyP, pero el conflicto comenzó a escalar desde la segunda ronda de paros. Metrovías envió telegramas de suspensión de los trabajadores que se habían visto involucrados en liberación de molinetes y anunció que había iniciado los trámites legales para proceder al desafuero de los delegados gremiales a los que buscaba sancionar. Al momento, son más de 150 los trabajadores alcanzados por las suspensiones anunciadas por la operadora.

Néstor Segovia, detenido.

El Gobierno no sólo respaldó a la empresa, sino que este martes por la mañana decidió enviar a la Policía de la Ciudad a los túneles de la línea H para desalojar un corte de vías que realizaban los trabajadores para impedir la prestación de un servicio de emergencia con personal jerárquico. El saldo fue de 16 trabajadores detenidos, entre los que se encontraba el secretario general adjunto del gremio, Néstor Segovia. Tras la represión policial y las detenciones, la AGTSyP anunció un paro total.

No parece que las aguas vayan a calmarse en las próximas horas: el Jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel –flanqueado por el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte y hombre fuerte del Subte, Franco Moccia– anunció esta tarde que se lanzará una convocatoria para contratar conductores para “prestar los servicios necesarios” en caso de huelga. Las declaraciones sorprendieron a más de uno y no hacen sino avivar un conflicto cada vez más caliente y de difícil resolución de no mediar voluntad de parte del Gobierno de negociar una salida que deberá sí o sí ser pactada.

Este martes por la tarde Miguel dijo algo que no es enteramente cierto: que “la Corte les dijo [a los Metrodelegados] que no pueden negociar paritarias. Cuando se los dijo a ellos, también nos lo dijo a nosotros”. La realidad es que los Metrodelegados siempre participaron de las discusiones salariales, aún cuando no tenían atribuciones legales para firmar ningún acuerdo. Por caso, hasta 2015, antes de que la AGTSyP tuviera la personería, la UTA ponía la firma a paritarias discutidas con representantes de ambos sindicatos.

En este sentido, Segovia indicó: “El fallo de la Corte nunca dice que no somos sindicato, nos manda a compulsar con la UTA, nada más. Eso significa que la UTA se tiene que presentar al Ministerio de Trabajo y hacer una compulsa. De ninguna manera me quita legitimidad para discutir paritarias, lo que no puedo hacer hoy es firmar, pero me puedo sentar en el ministerio, discutir la paritaria y llegar a un acuerdo, lo que no puedo hacer es firmar”.

El haber perdido la personería no impide, según la doctrina de la propia Corte, que la AGTSyP continúe funcionando como sindicato, lo cual incluye llamar al paro o mantener sus delegados. En ese sentido, la disputa con la UTA no habilitaría –como no lo habilitaba antes de que la AGTSyP fuera reconocida como sindicato mayoritario– que los trabajadores puedan ser cesanteados por el hecho de realizar actividad gremial, algo que el Gobierno y sus voceros, tanto oficiales como mediáticos, tienden a omitir de cara a la opinión pública.

La novedad no es que la UTA firme una paritaria del Subte, sino que la AGTSyP haya sido excluida totalmente de la negociación, algo que no sólo está ligado al techo de las paritarias en torno al 15% que se busca imponer a nivel nacional, sino también a una cuestión puntual del Subte: el GCBA, urgido por conseguir operadores internacionales para la licitación para concesionar la red hasta por 15 años, busca enviar señales a los eventuales oferentes: una representación gremial a cargo de un sindicalismo conciliador como el de la UTA y la aplicación de una inusual dureza con los gremialistas díscolos son dos caras de una misma moneda, una que intenta proyectar la imagen de un Subte bajo control y atractivo para los inversores extranjeros.

La política del Gobierno de la Ciudad es difícilmente innovadora. Ya en la década de 1990 se había llevado adelante una campaña de demonización del sindicalismo combativo que permitió “limpiar” la empresa para entregarla a un operador privado, Metrovías. Aquella jugada, no obstante, salió por la culata: la concesionaria se deshizo del sindicalismo peronista pero muchos de sus reemplazantes fueron militantes de izquierda que combatieron la representación de la UTA y sembraron el germen de la actual AGTSyP. Queda por ver cómo se resolverá esta nueva pulseada.

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