Nueve meses luego del retiro del servicio de los trenes La Brugeoise, la justicia confirmó su condición patrimonial. La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario – a cargo de los jueces Carlos Balbín y Mariana Díaz- rechazó una apelación presentada por el Gobierno de la Ciudad contra la medida cautelar dispuesta en enero pasado por la jueza Elena Liberatori.
Dicha cautelar fue emitida por la justicia a raíz de un recurso de amparo presentado por la diputada María Rachid, donde se solicitaba garantizar la protección de la totalidad de los coches de la flota La Brugeoise, cuyo retiro del servicio gatilló el cierre de la línea A por casi dos meses para realizar el recambio de la flota.
La sentencia de la Cámara confirmó que los coches “podrían constituir material rodante objeto de protección como patrimonio cultural de la Ciudad, lo que surge al interpretar las leyes que definen el concepto de patrimonio cultural y las que reconocen dicha calidad a otras unidades pertenecientes a la misma flota y que datarían de la misma época”, en clara referencia a la ley 2796.
El fallo cuestionó que “no surge de las constancias de la causa que el Poder Ejecutivo de la Ciudad haya dado cumplimiento a la medida cautelar dispuesta, de modo que el juez de primera instancia debería eventualmente controlar su cumplimiento” y remarcó, en duros términos el escaso compromiso del gobierno para con el cumplimiento de la medida: “el agravio del Gobierno a partir de la medida dispuesta solo evidencia su disconformidad respecto de una resolución desfavorable a sus intereses”.
La diputada Rachid, en tanto, manifestó públicamente su satisfacción por la resolución judicial e instó al ejecutivo porteño a “hacerse cargo de su responsabilidad” y a que “cumpla con su deber de proteger el patrimonio histórico y cultural que nos pertenece a todos”.
