La magistrada consideró que no correspondía tomar esa medida con la urgencia solicitada al desechar la vía del amparo y sostener que “cuestiones políticas no judiciables” exigen otro tipo de análisis por la justicia. Ailán dijo que el Ministerio a cargo de Nilda Garré había tomado su decisión “bajo su responsabilidad, en virtud del principio de la división de poderes, en el marco de sus atribuciones y valorando la oportunidad y mérito de las mismas”. La magistrada remarcó que para evitar el llamado “gobierno de los jueces” los magistrados deben mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones que incumben a otros poderes del Estado.
SBASE había pedido que se dictara una medida de “no innovar” que dejara en suspenso la decisión ministerial hasta que el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concretaran la transferencia del contrato de concesión. La empresa adujo la necesidad de garantizar la seguridad de las personas en las distintas líneas de la red, tanto del personal de la concesionaria como de los usuarios, era una obligación “indelegable” del Estado Nacional, cumplido hasta ahora mediante la asignación de personal de la Policía Federal
En un informe al juzgado, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –que no fue demandado por la empresa- advirtió que no estaba dispuesto a hacerse cargo de la seguridad aduciendo que carecía de los recursos materiales y el personal capacitado, en la cantidad suficiente de acuerdo a la exigencia operativa y funcional. Previamente, la administración porteña de Mauricio Macri firmo el de 3 enero pasado un acta acuerdo de transferencia con el Gobierno nacional y dispuso de inmediato aumento un 127 por ciento la tarifa del Subte, que percibe la concesionaria Metrovías, propiedad de la empresa Benito Roggio.
SBASE acepto el argumento del gobierno porteño de que la Policía Metropolitana “no se encuentra en condiciones de garantizar las tareas de seguridad en el subterráneo, en tanto se afirma que se necesitan 1196 efectivos para cubrir las distintas líneas y estaciones”. Ese servicio, según remarcó el Ministerio de Seguridad nacional, se sigue prestando siguiendo instrucciones de la presidenta de la Nación del 29 de marzo pasado hasta que se concrete un cronograma de transferencia del servicio.
Ailán señaló que “el mayor o menor acierto o error, mérito o conveniencia de la solución adoptada por la autoridad administrativa constituyen puntos sobre los que no cabe al Poder Judicial pronunciarse, en la medida que el ejercicio de esas facultades discrecionales no se compruebe como irrazonable, inicuo o arbitrario”. La jueza remarcó que “si bien los tribunales poseen incuestionables facultades para revisar los actos del Poder Ejecutivo” ello no puede derivar en un “gobierno de los jueces” a efectos de resguardar el principio de equilibrio en que se nutre la doctrina de la separación de poderes”.
