El macrismo presentó una demanda por el traspaso del Subte, pero en un fuero que no es el Contencioso Administrativo. A la vez, desistió de una apelación en la causa contra el acta-acuerdo para evitar un nuevo traspié judicial.

El gobierno porteño hizo una nueva presentación judicial por el subte en un fuero que no es el Contencioso Administrativo. Esta vez, los macristas reclamaron que se suspenda la aplicación de la ley aprobada por el Congreso nacional que transfiere las líneas de subterráneo y de colectivo a la Ciudad hasta tanto no se firme un nuevo convenio y haya una ley de la Legislatura porteña. A la vez, la gestión PRO desistió de una apelación en la causa original que había iniciado el macrismo contra el gobierno nacional, dado que consideran que el acta-acuerdo que firmó Mauricio Macri en enero “no tiene validez”. Así, además, se evitaron un nuevo fallo en contra de la Justicia.

Además de la controversia política (y hasta sindical) que viene arrastrando el traspaso del subte, la disputa entre el gobierno nacional y el porteño se traduce en una maraña judicial. La gestión PRO fue la primera en presentarse en el fuero Contencioso nacional y el gobierno nacional los siguió un día más tarde. Además, el titular del Sbase, Juan Pablo Piccardo, hizo su propia presentación ante el fuero porteño para que no se retirara la Policía Federal. En un primer momento, los jueces porteños hicieron lugar a su pedido. Pero con el correr del tiempo, la causa pasó a tribunales nacionales y finalmente la Justicia falló contra la administración de Macri, en lo que se refería a la policía.

Además, la jueza en lo Contencioso Claudia Rodríguez Vidal rechazó la cautelar que pedía el gobierno nacional, pero también la que reclamaba el gobierno porteño. Los macristas exigían que se suspendiera la transferencia firmada en el acta-acuerdo, con la que Macri aumentó la tarifa en un 127 por ciento. Por este motivo, el procurador porteño Julio Conte Grand apeló y la causa pasó a la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Ayer, se conoció que el gobierno porteño desistió de esa apelación. Según señalaron en la gestión PRO, esta decisión obedece a una estrategia judicial y está lejos de reflejar que hay un cambio en la decisión de no hacerse cargo del subte. “¿Por qué motivos desistimos? Como razón de fondo, porque en el contexto actual el planteo sobre el acta se torna abstracto, porque el acta en nuestra opinión no tiene ninguna validez”, indicó Conte Grand a Página/12. “En virtud de eso estamos modificando la estrategia judicial”, advirtió el procurador, algo enigmático.

La ley, que aprobaron las dos cámaras del Congreso, también modificó el escenario para el PRO. En ella, se estableció que se transfieren a la Ciudad no sólo las líneas de subte que opera Metrovías, sino también las 33 líneas de colectivos que comienzan y terminan su recorrido en la ciudad y el tranvía de Puerto Madero. Según pudo saber este diario, la decisión de desistir de la apelación va acompañada de otra: el gobierno porteño se presentó en otro fuero con un nuevo pedido de amparo. En este caso, no es sobre el acta-acuerdo que habían firmado los dos gobiernos, sino contra la ley nacional que votó el Congreso. Los macristas reclaman que el Estado nacional se abstenga de continuar el proceso, hasta que haya una transferencia de fondos, un convenio y una ley local, votada por la Legislatura porteña. En la gestión PRO, mantuvieron el misterio sobre el juzgado en la que está radicada esa nueva causa. “Dejemos que los muchachos del gobierno nacional la tengan que buscar”, se sonrió un funcionario PRO ante este diario.

Más temprano, la vicejefa porteña María Eugenia Vidal volvió a responder al comunicado con el que Metrovías empapeló los subtes, en el que la empresa del Grupo Roggio le reclama al jefe de Gobierno que se haga cargo de los subtes. “Metrovías ha sido cómplice de la falta de inversiones. Durante todos estos años, ellos operaron este servicio y sabían que estas inversiones eran necesarias, no las hicieron y reclamaron al gobierno nacional que las hiciera”, afirmó Vidal, quien aseguró: “Tanto a la empresa Metrovías como al gobierno nacional les decimos que, en la medidas en que esas inversiones no se realicen, van a ser responsables de la inseguridad del servicio y de cualquier accidente o situación que ponga en riesgo la vida de los pasajeros que pueda ocurrir”. Metrovías le había contestado que “los subtes son seguros”.

por Página12

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