El fiscal porteño Walter López solicitó las primeras medidas de prueba en una causa iniciada por una denuncia de la empresa Metrovías. Es por la violación del artículo que sanciona a quienes interrumpen con intención los servicios públicos

López, fiscal penal, contravencional y de faltas de las Ciudad, ordenó iniciar la investigación contra los delegados huelguistas. Hizo lugar así a la denuncia que la compañía presentó el fin de semana por la presunta presión que éstos ejercieron para que los empleados del subte no brinden el servicio y de la cual –aseguraron– empleados de la UTA pueden dar cuenta.

Metrovías hizo la presentación a través del 0800 de recepción de denuncias del Ministerio Público Fiscal. Sostiene que los delegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) violaron del artículo 69 del Código Contravencional, que castiga a quien “afecta intencionalmente el funcionamiento de los servicios públicos”, entre ellos el transporte.

De ser hallados culpables, podrían ser sancionados con una multa de mil a cinco mil pesos y entre dos y 10 días de arresto. Fuentes judiciales consultadas por la agencian DyN calificaron la denuncia de “precaria”, por lo que citaron al directivo de Metrovías que la hizo a ratificarla, pero tampoco aportó nuevos datos.

El fiscal López le pidió a la empresa que aporte toda la información que tiene sobre el hecho, como en qué estaciones se le habría impedido a personal trabajar y quienes participaron de ese hecho.

También le solicitó a la Procuración de la Ciudad y a la Subsecretaría de Trabajo porteña que aporten la documentación sobre las negociaciones que mantuvieron con los metrodelegados para resolver sus reclamos laborales que llevaron al paro.

Pese al acuerdo alcanzado el lunes entre las partes, que permitió el levantamiento de la medida, el gobierno de la Ciudad informó, a través de su jefe de Gabinete, que no desistirá de su intención de que el Ministerio de Trabajo nacional quite la personería jurídica de la que gozan los metrodelegados.

Horacio Rodríguez Larreta indicó que la Ciudad mantendrá asimismo la multa de casi cinco millones de pesos que aplicó por el incumplimiento de la conciliación obligatoria, así como las denuncias que hizo ante la Justicia por el caso.

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