El juez Casanello ordenó allanamientos en AON, SOFSE, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Seguros de la Nación. La firma fue beneficiada recientemente por la Operadora Ferroviaria del Estado con un millonario contrato de seguros sin licitación alguna. Aseguran que la empresa está controlada por hombres cercanos a Franco y Mauricio Macri. Orfila, presidente de Ferrocarriles Argentinos, imputado.

El juez Sebastián Casanello ordenó en la tarde de este viernes la realización de una serie de allanamientos en las sedes de la aseguradora AON Risk Argentina, ubicada en el barrio de Puerto Madero, en la presidencia y la secretaría general de la SOFSE en Retiro, en otras oficinas que la empresa alquiló en Puerto Madero, en el Ministerio de Transporte y en la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

El procedimiento se da en el marco en una investigación por el otorgamiento de todos los contratos de seguros ferroviarios (que hasta diciembre estaban en manos de la estatal Nación Seguros) a esa firma privada, sin licitación alguna. Se estima que el negocio asciende a unos 300 millones de pesos anuales, de los cuales AON se quedaría con una comisión de entre 30 y 45 millones.

En los allanamientos se secuestraron documentación y equipos electrónicos que serán analizados por la Justicia.

“Si bien se anunció públicamente que se trataba de un acuerdo gratuito para el Estado Nacional, las circunstancias permitirían presumir que habría un negocio millonario detrás, destinado a defraudar a la administración pública en el futuro pago de las primas por encima de los precios de mercado, pudiendo existir otras numerosas operaciones similares en el ámbito del Ministerio de Transporte de la Nación”, explicó el fiscal Federico Delgado en su dictamen.

Según consignó la periodista Catalina de Elía, “todas las diligencias que ordenó Casanello en la causa AON buscan comprobar o descartar la denuncia de Marrocchi”.

La causa penal fue iniciada tras una denuncia presentada por el abogado Juan Pablo Marrochi el pasado 28 de marzo y derivó en la imputación de Marcelo Orfila, quien se desempeña como presidente de la Operadora Ferroviaria del Estado (SOFSE) y del directorio de Ferrocarriles Argentinos. La denuncia alcanza también al presidente de AON Argentina, Juan Velarde.

Los delitos que constan en la denuncia son “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, y “defraudación contra la administración pública”.

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La operación había sido denunciada en diversos medios de comunicación –enelSubte entre ellos–, luego de que se advirtiera que parte de los directivos de la filial argentina de AON se encontraban vinculados al grupo SOCMA, propiedad de la familia del presidente Mauricio Macri. Jorge González Gale, gerente general de la firma, ha sido señalado no sólo como un hombre cercano a Franco Macri, padre del primer magistrado, sino también como asesor del Superintendente de Seguros de la Nación, Edgardo Podjarny.

Orfila había estado semanas atrás en el ojo de la tormenta por el fabuloso incremento de sueldos para los nuevos gerentes llegados a Ferrocarriles desde el sector privado (que se aprobaron a sí mismos los sueldos más altos de la administración pública nacional) y por la disolución de la identidad de la recreada empresa Ferrocarriles Argentinos, que él mismo preside. Además, recientemente tomó estado público que la empresa estatal contrató a una consultora privada para investigar a trabajadores ferroviarios y “buscar ñoquis”.

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