A días de que finalice el plazo previsto por la ley, Piccardo y la empresa concesionaria no se ponen de acuerdo sobre las condiciones para su continuidad. Imprevista incertidumbre.

La ley 4472, por la que la Legislatura aceptó en diciembre la vuelta a la Ciudad del control de las cinco líneas históricas de subterráneas, estableció en su artículo 9 un plazo de 60 días corridos prorrogables por otros 30 para negociar con Metrovías un nuevo contrato de concesión por un plazo inicial máximo de dos años.

No aparece mención alguna al contrato vigente desde 1993 con el Estado Nacional, cuya fiscalización y control fue transferida al GCBA en enero de 2012 a través de un acta acuerdo. Es en virtud de ese mismo contrato que Metrovías continúa ahora mismo haciéndose cargo del Subte. Se trata en cambio de una contratación directa sin licitación, hecho que generó controversia durante el debate del proyecto de ley del PRO pero finalmente sobrevivió tal cual figuraba en el proyecto original. La intención del gobierno de Macri era ignorar el acta acuerdo, aquel que firmó y luego repudió en conferencia de prensa.

Teniendo en cuenta que el macrismo evitó en general criticar el desempeño de Metrovías e incluso previó en la ley, aunque fuera en forma provisoria, la continuidad de la actual concesionaria, parecía que la firma de un nuevo contrato podía ser una mera formalidad. Sin embargo, como adelantó este medio, las negociaciones no serían fáciles.

El GCBA dispuso quitarle a Metrovías el manejo de los llamados “colaterales”, fuentes de ingresos que no tienen relación con la gestión directa del servicio, como la publicidad y alquileres de locales. La concesionaria quedaría en una situación similar a la UGOMS o la UGOFE, limitada a las funciones de operación. Pero, además, la actitud improvisada e imprevisible de los responsables de SBASE enturbió el trato entre ambas empresas. Durante la paralización de la línea A fuentes de SBASE culparon a Metrovías de algunos inconvenientes surgidos, mientras que la empresa estatal comenzó a tercerizar tareas de mantenimiento en solapamiento directo con la concesionaria.

A esto se suma una creciente desconfianza. No es casual que concesionaria y Metrodelegados, en una inusual coincidencia, consideraran sospechoso el principio de incendio que afectó la semana pasada a la línea C.

Según establece la ley, el plazo para alcanzar un acuerdo entre ambas empresas finaliza en pocos días más, el próximo 9 de abril. Durante toda Semana Santa circularon entre SBASE y Metrovías varios correos electrónicos de ida y vuelta con distintos borradores. Aunque desde hace semanas se deja traslucir que el arreglo estaría cerca, lo cierto es que la fecha límite se aproxima y algunos desarreglos no ceden.

De acuerdo con el artículo 12 de la 4472, si SBASE no consigue llegar a un acuerdo con Metrovías se abren dos posibilidades. Puede hacerse cargo del Subte directamente o a través de una sociedad controlada. Esa hubiera sido la opción obvia durante los gobiernos de De la Rúa o Ibarra, que impulsaron la recuperación del Subte, aunque no con el PRO. Cabe recordar que el proyecto de ley original ni siquiera contemplaba la posibilidad de que SBASE operara directamente la red, sino que se trató de un arreglo con el FPV y la UCR para poder aprobarlo.

La otra alternativa aparece quizás todavía más peligrosa que SBASE haciéndose cargo en su situación actual: la contratación directa de otro operador. Alegando una situación de urgencia, con una empresa propia que no sólo no está en condiciones de operar sino que va siendo despojada de su función de planificación de las obras, el macrismo podría contratar a cualquier privado eludiendo a la Legislatura y sin pasar por el proceso licitatorio que marca la ley en el resto de los casos.

Por el momento, las tratativas con Metrovías siguen. Pero varios se preguntan hasta dónde quiere el Gobierno de la Ciudad un acuerdo.

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