El oficialismo porteño se negó a tratar en la Legislatura un proyecto de declaración impulsado por el diputado Adrián Camps (Partido Socialista Auténtico), que buscaba ampliar los beneficios del abono social del Subte a los usuarios comprendidos dentro de la categoría de tarifa social aplicada por la tarjeta SUBE para el resto de los medios de transporte del Área Metropolitana.
La SUBE incluye dentro de su tarifa social a jubilados y pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas, excombatientes de la Guerra de Malvinas, personal de trabajo doméstico, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y del programa de Jefes de Hogar, beneficiarias de asignación por embarazo y de los planes Progresar, Argentina Trabaja y Ellas Hacen e inscriptos en el monotributo social.
Pese a que cualquier persona que cumpla con esos criterios puede acceder a descuentos en colectivos y trenes, en el caso del Subte la única forma de hacerlo es a través de la adquisición del Abono Social, un Subtepass especial que debe adquirirse exclusivamente en los Centros Subtepass de Metrovías contra presentación de documentación que acredite el acceso al beneficio. Los usuarios alcanzados por el abono social pagan $4 por viaje desde el último aumento.
Según consta en la web de SBASE, sólo puede accederse bajo una serie de condiciones : ser “beneficiario de planes sociales administrados por el GCBA, del programa Ciudadanía Porteña; personas en situación de desempleo crónico o recurrente; personas que acrediten poseer ingresos familiares que se encuentren por debajo de la canasta básica familiar que publica el INDEC; personas que acrediten encontrarse en situación de indigencia; beneficiarios del subsidio por la tragedia de Cromañón; aquellos grupos identificados por normas vigentes de la Ciudad de Buenos Aires con necesidades especiales o en situación de alta vulnerabilidad social”. Los únicos coincidentes con los criterios de SUBE son los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar y los ex combatientes de la Guerra de las Malvinas.
“Este proyecto fue presentado en el mes de agosto, es decir, que hubo tiempo de sobra para tratarlo en comisión. Está claro, que lo que falta no es tiempo sino voluntad política. La realidad es que el subte aumentó y una cantidad de grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica y social, hoy no están siendo tenidos en cuenta en el abono social del subterráneo”, denunció Camps.
