Lo anunciaron el secretario de Transporte y el ministro de Planificación. Aún no se sabe qué ocurrirá con los subsidios y la tarifa del servicio. Intensas reuniones en la Ciudad y en SBASE debido a la sorpresiva medida de la Nación.

El Estado nacional manifestó hoy su voluntad de transferir la jurisdicción sobre el Subte y el Premetro a la Ciudad de Buenos Aires.  La decisión, manifestada por el secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y por el ministro de Planificación Julio De Vido, se tomó con el objetivo de dar “cumplimiento a un mandato constitucional, es un proyecto histórico por el cual se plantea el traslado. Fue un pedido casi unánime de los gobierno de la ciudad tener el manejo de los subterráneos”.

Schiavi reveló que invitará al jefe de Gobierno Mauricio Macri a una reunión este viernes por la tarde para acordar la devolución del subterráneo. En este momento se encuentra reunido el directorio de Subterráneos de Buenos Aires junto a su presidente, Juan Pablo Piccardo, para analizar el alcance de la medida y la repercusión que tendrá en la estructura de la empresa estatal. 

Sin embargo, el principal problema a resolver es quién pagará el subsidio operativo que requiere el servicio para funcionar. En la actualidad, se puede entender la devolución del Subte en el marco de una estrategia del Gobierno nacional por reducir gastos de la administración federal.  En ese sentido se expresó el ministro De Vido hace horas cuando dijo que se trata de la “transferencia de un servicio que es exclusivo de una jurisdicción, y el resto de las jurisdicciones mira que hay un gasto que de ninguna manera es coparticipado al resto del país”.  Sólo en 2010, el Estado nacional desembolsó 710 millones de pesos en concepto de subsidios para mantener la red operando tal como está. 

Esta no es la primera vez que se intenta transferir la administración del Subte a la Ciudad.  Después del decreto firmado por el entonces presidente Carlos Menem en 1999 en ese sentido, hubo al menos un intento más del Gobierno porteño por hacerse del control de un servicio público de su propiedad.  En 2008, la presidente Cristina Fernández de Kirchner tenía listo un borrador de un decreto que ordenaba el traspaso, pero las diferencias políticas con la gestión de Mauricio Macri que estallaron a partir de la crisis del campo sepultaron la medida. 

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