La jueza López Vergara ordenó al GCBA disponer de los fondos depositados por Nación para mantenimiento. Macri, en cambio, quiere destinar los fondos a sueldos para evitar un nuevo paro. Las paritarias, la inversión en mantenimiento y la concreción del traspaso, aún pendientes. La cuestión de fondo sigue.

El fallo de la jueza porteña Patricia López Vergara, quien ordenó al Gobierno de la Ciudad a usar los fondos depositados por el Gobierno Nacional en el Banco Nación, sumó un capítulo más a la larga historia del traspaso jurisdiccional del subterráneo. Si bien confirma que en el terreno legal el gobierno de Macri tiene todas las de perder otro antecedente reciente es la conciliación obligatoria dictada en la última huelga por la Subsecretaría de Trabajo porteña—, la decisión de López Vergara no resuelve el fondo del conflicto por la devolución del Subte a la Ciudad ni evita que otros conflictos con los gremios del Subte vuelvan a sucederse.

La jueza dictaminó que la Ciudad debe disponer de ese dinero sobre el cual ya tenía acceso desde el 2001: “Los fondos están en un fideicomiso, que no es reciente, que viene de un decreto del año 2001, y di la orden porque dentro de estos fondos, cuya propiedad es del Banco de la Nación, tienen un destino que es la Ciudad. En el fideicomiso hay un beneficiario, que es la Ciudad”. Asimismo, el 3 de enero pasado se firmó el acta acuerdo donde autorizaba al Gobierno de la Ciudad a hacer uso de esos fondos.

Según lo consultado por este medio a fuentes que optaron por la reserva el Gobierno de la Ciudad siempre fue usuario autorizado de la cuenta del fideicomiso. Es sencillamente falso, como intentó instalar María Eugenia Vidal, que el Gobierno Nacional haya “liberado” o “destrabado” fondos que antes la Ciudad no tenía disponibles. Del mismo modo, el hecho de que la Ciudad acceda a los fondos del fideicomiso no resuelve el reclamo de los Metrodelegados o la posibilidad de un paro, como leen los medios más cercanos al gobierno de Macri. ¿Por qué?

Vale prestar atención al inciso segundo de la parte resolutiva del fallo de López Vergara: “Dichos fondos deberán ser destinados a los gastos operativos para el mantenimiento del servicio público del Subterráneo y del Premetro, entre ellos deberá tener prioridad la puesta en funcionamiento de las 20 formaciones retiradas por Metrovías y el mantenimiento de la infraestructura, a fin de resguardar la seguridad de la prestación del servicio, de sus pasajeros y sus trabajadores“. López Vergara determina con precisión que el destino de los fondos es mantenimiento y la reincorporación de las formaciones retiradas por Metrovías, lo que entra en conflicto con la decisión del Gobierno de la Ciudad de destinar los fondos a Metrovías para el pago de sueldos.

En el gobierno de Macri saben que la suspensión del servicio ocurrida a principios de agosto, de una extensión histórica, no fortaleció la imagen ni la posición del jefe de Gobierno. Por eso, el objetivo principal del GCBA es evitar un paro. De ahí que se ampare en la medida de López Vergara para aparecer “obligado” y no ceder, pero al mismo tiempo busque alterar el destino de los fondos. Es llamativo, porque Macri y Vidal siempre dijeron que mantenimiento, inversiones y seguridad eran sus preocupaciones principales.

Fuentes de la empresa concesionaria confiaron en reserva a enelSubte.com que no pueden usar el dinero que el GCBA les gira para afrontar carga salarial. La propia López Vergara ratificó el sentido de su fallo en declaraciones públicas de hoy. Mientras el Gobierno de la Ciudad afirma que se limita a cumplir una obligación judicial que no implica responsabilizarse del servicio, la ecuación de costos de Metrovías sigue sin cerrar y el conflicto con los trabajadores puede volver en cualquier momento.

Los números de Metrovías

Las finanzas de la concesionaria se encuentran en la peor situación desde iniciada su gestión el 1 de enero de 1994. Hasta el 31 de diciembre de 2011, antes de la firma del acta acuerdo, la empresa operaba bajo un esquema de tarifa de $1,10, con un promedio de 1 millón 300 mil pasajeros por día y subsidios anuales que alcanzaron en 2011 a los 400 millones de pesos, erogados enteramente por el Gobierno Nacional.

Desde la firma del acta acuerdo, que transfirió la potestad de fiscalización y control de la concesión del Subte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ciudad y la Nación se pusieron de acuerdo y rubricaron lo siguiente: 50% de los subsidios que la Nación tenía contemplado erogar este año los dividiría en 2, enviando un 25% mensualmente a Metrovías y el restante 25% a una cuenta fiduciaria en el Banco Nación con libre disponibilidad y acceso por parte del Gobierno de la Ciudad. El restante 50% de los subsidios los deberá aportar el Gobierno de la Ciudad.

En números, la Nación depositó a la fecha los primeros ocho meses del año unos 16 millones mensuales, que equivalen a un total de 136 millones de pesos que actualmente existen en la cuenta fiduciaria del Banco Nación. Los restantes 14 millones de pesos se los envió mensualmente a Metrovías, estando al día con sus pagos a la fecha, de acuerdo a lo consultado por este medio a la empresa concesionaria.

Respecto al restante 50% correspondiente a la Ciudad Autónoma, el jefe de Gobierno argumentó no disponer de 30 millones para subsidios y decidió hacer uso de su potestad tarifaria para aumentar la tarifa a $2,50 el 5 de enero, dos días después de la rúbrica del acta acuerdo. Con esa diferencia de $1,40, supuestamente la Ciudad estaría completando los $30 millones restantes.

Sin embargo, el alza de tarifas provocó una importante merma en los pasajeros diarios, que bajaron hasta menos del millón diario, ubicándose desde entonces en un promedio de 900 mil pasajes vendidios a $2,50, lo que a fin de cuentas la concesionaria tiene un pasivo de 7 millones de pesos mensuales que debería cubrir la Ciudad, al originarse en el 50% de la tarifa que le correspondía financiar

Respecto a salarios, la empresa tiene un total de casi 5000 empleados, a quienes les abona 76 millones de pesos mensuales a agosto de este año, contemplando el acuerdo retroactivo firmado por UTA y AGTSyP el último día de huelga. La empresa cuenta no sólo con el pasivo de 7 millones mensuales que Macri le debe como subsidios, sino que, de firmarse una paritaria aún pendiente para los trabajadores del Subte, el pasivo sería aún mayor a los 210 millones que hoy presentan sus balances, y Metrovías volvería a comprometer sus cancelaciones salariales si la Ciudad no le envía los fondos necesarios.

En síntesis, la empresa concesionaria no sabe si podrá hacer uso de estos fondos que se liberaron hoy, dado que son destinados a mantenimiento y no a pago de sueldos, y si bien descomprime al menos un poco la crisis financiera de la empresa, no subsana los pasivos que ésta requiere para pagar sueldos. Además, en la empresa concesionaria existe el temor de que Mauricio Macri vuelva a frenar el retiro de fondos a partir de septiembre, una vez pasado el fallo que lo obliga a liberar los fondos existentes a la fecha. Aunque esto se descarta porque la jueza contempló en el último inciso del fallo a obligar al Gobierno de la Ciudad a “informarle semanalmente a éste juzgado sobre el cumplimiento de esta manda legal”.

El objetivo del gobierno de Macri, como se vio, es el de reinterpretar la decisión judicial para destinar los fondos del fideicomiso a salarios, evitando un paro al permitir a Metrovías cumplir con el incremento salarial pactado con UTA y Metrodelegados. Pero los fondos son para mantenimiento, no para sueldos. Ese pasivo de la concesionaria deberá cubrirlo el GCBA de alguna manera, con un incremento de subsidios o de la tarifa. Cualquiera de esos dos caminos sería un paso más para hacerse cargo del servicio. De lo contrario, permanece abierta la posibilidad de que Metrovías se retire de propia voluntad del Subte. Y en ese caso también la Ciudad debería hacerse cargo del servicio.

 

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