El candidato de Izquierda Unida, Marcelo Parrilli, judicializó una acusación periodística de Ibarra. Las empresas están ligadas al Grupo Macri.

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, fue denunciado por un candidato a diputado nacional de Izquierda Unida por el presunto pago de unos 75 millones de pesos a dos empresas privadas, por una obra relacionada con la ampliación de subtes que nunca se habría concretado.

Macri fue denunciado por “malversación de caudales públicos” ya que, según la presentación, habría pagado la millonaria suma a las empresas DYCASA y Benito Roggio SA “a sabiendas que las obras no se iban a realizar”. La acusación sostiene que ambas compañías están fuertemente vinculadas con el grupo empresario que lidera el padre del jefe de gobierno porteño, Francisco Macri.

“Surgen por docenas las obras públicas donde los grupos Macri, DYCASA y Roggio son interesados socios o disfrazados competidores en licitaciones de obra pública donde la distribución de las asignaciones los encuentra lejos de tener intereses contrapuestos”, sostiene la presentación a cargo de los abogados Marcelo Parrilli y Antonio Liurgo.

Parrilli es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por la coalición Izquierda Unida. La denuncia quedó radicada ante el juzgado federal a cargo de la magistrado María Servini de Cubría bajo el número 7828/9.

La presentación se basa sobre declaraciones del ex jefe de gobierno, el destituido Aníbal Ibarra, ante el que “hizo pública una denuncia verbal en el marco de la campaña electoral contra el ingeniero Mauricio Macri donde se le imputa haber abonado a las empresas 75 millones de pesos”.

El importe correspondía a “una obra de ampliación de cocheras de las líneas A y B de subterráneos, a sabiendas que la misma no se iba a realizar”, situación ante la cual el estado porteño habría obtenido “la entrega hipotética de un seguro de caución a dos empresas “.

El gobierno porteño, añade el texto, entregó “una millonaria suma por una obra suspendida y casi irrealizable a cambio de un documento de ejecución diferida y litigiosa”.

Entre las medidas de prueba sugeridas por los denunciantes figuran las declaraciones testimoniales de Ibarra y de Jorge Irigoin, ex integrante del grupo SOCMA (de Macri) y pericias contables para determinar “qué beneficios obtuvo la ciudad” como contrapartida del pago de 75 millones de pesos.

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