La Justicia investiga posibles manejos fraudulentos en la emisión de los bonos Tango S8, destinados a terminar las líneas A, B y H. El ministro de Hacienda y el director de Crédito Público están imputados como máximos responsables de la operación.

En marzo, el Gobierno porteño anunció que había logrado colocar bonos en el exterior por 475 millones de dólares para terminar las obras de extensión de las líneas A, B y H.  Sin embargo, dicha operación fue cuestionada desde el momento mismo en que se lanzó la operación de crédito:  se objetaba que las tasas obtenidas por el macrismo (12,5%) eran demasiado elevadas y que se podría haber conseguido un interés más conveniente para la Ciudad si se hubiese aguardado a que el Gobierno nacional finalizara el anunciado canje de deuda con los holdouts (bonistas que no aceptaron el canje de bonos en default realizado en 2005).  Una vez llegados los fondos, tomó estado público que SBASE aún no había preparado siquiera los pliegos para licitar las obras para las que había sido asignado ese dinero, por lo que el macrismo propuso utilizarlo para financiar otros trabajos como la construcción de Pasos a Bajo Nivel (PBN) a cargo de AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima), quien devolvería el dinero recibido a SBASE a medida que se lo necesitara para la extensión del subterráneo.

No obstante, las objeciones pasaron ya al plano judicial.  La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una ONG dirigida por el constitucionalista Ezequiel Nino, presentó una denuncia por presuntos manejos fraudulentos en la toma de fondos.  Los imputados son el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, y el secretario de Crédito Público, Abel Fernández Sehman.  ACIJ enumeró otras presuntas irregularidades de la operación: se acordó una comisión mayor a la que en la misma época pagaron tres gobiernos provinciales; se contrató en forma directa a un consorcio del que forma parte un empresario que años antes había sido jefe de campaña de Pro, y se colocó parte del dinero obtenido a una tasa menor a la de los bonos Tango, lo que produjo una pérdida de al menos $ 30 millones.  Para los servicios de colocación y de organización se contrató, de manera directa y sin proceso de licitación, al Credit Suisse-KBR, a cambio de una comisión del 2% de la operación, equivalente a US$ 9.500.000. La tasa obtenida para los bonos, que vencen en cinco años, fue de 12,5%.

“La tasa y la comisión que se pagaron son obscenas. Me parece muy grave que no haya habido una licitación de un banco agente”, dijo el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy. “Hay una irregularidad estratégica, que es salir al mercado a primerear con tasas absolutamente fuera de lugar y pagando una comisión absolutamente desproporcionada”, coincidió el legislador porteño Martín Hourest (Igualdad Social), que asesoró a ACIJ en la elaboración de la denuncia.  La ONG cuestiona que se hayan contratado los servicios de Edgardo Srodek, jefe de campaña de la alianza Pro-Recrear en las elecciones legislativas de 2005 y hermano del diputado macrista Jorge Srodek.  “Cabe preguntarse por qué se contrató a una consultora de segunda o tercera línea, sobre la cual no hay datos concretos acerca de su trayectoria”, dice la denuncia.

Ante la consulta del diario La Nación, voceros de Grindetti afirmaron que las operaciones de crédito público están exentas de los requisitos de licitación de la ley de compras de la ciudad y sostuvieron que se decidió contratar al consorcio Credit Suisse-KBR porque era el que había acercado la mejor oferta. Argumentaron que ese grupo había hecho un compromiso en firme de aportar US$ 130 millone, lo que convenció a las autoridades de aceptar la oferta.

Una vez llegados los fondos, se supo que SBASE aún no habñia preparado los pliegos para licitar los trabajos necesarios para terminar las obras de las líneas A, B y H.  Por lo tanto, el dinero no tuvo una utilización inmediata, por lo que el oficialismo propuso a la Legislatura la reasignación de los fondos.  De los 475 millones de dólares que totalizó la operación, estaba previsto originalmente que se destinaran 300 millones al Subte y el resto al FOISO (Fondo de Infraestructura Social) para realizar inversiones edilicias en hospitales y escuelas. 

LA primera medida que tomó el Gobierno porteño fue convertir los fondos a pesos. Del total de $ 1843 millones, se usaron $ 600 millones para comprar letras del Tesoro Nacional y los restantes $ 1243 millones se depositaron en un plazo fijo del Banco Ciudad, a una tasa del 6,5% anual, casi la mitad del interés que debía pagarse por los bonos Tango.   Después de cuatro meses, en agosto la Legislatura aprobó un proyecto de ley para destinar US$ 150 millones a la empresa AUSA, para la realización de pasos bajo nivel en los ferrocarriles Mitre, San Martín y Urquiza, y otros US$ 36 millones para obras en educación.  Desde el ministerio de Hacienda aclararon que AUSA devolverá ese dinero a medida que se requiera para financiar las obras del Subte.

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