Para el radical Ricardo Gil Lavedra, ambos "pretenden sacarse de encima la responsabilidad del manejo de la actividad". Victoria Donda (FAP) apuntó a las "suntuosas ganancias" del grupo Roggio. "Otro chantaje más de Metrovías. Hay que rescindirle ya mismo el contrato" dijo Bodart de Proyecto Sur.

La última reducción de veinte formaciones de subte dispuesta por la empresa Metrovías en el marco de la disputa entre el Gobierno nacional y porteño relanzó la discusión por la transferencia de este transporte y despertó las críticas de diputados opositores.

Tal fue el caso del presidente del bloque de la UCR, quien sostuvo que “una vez más los usuarios pagan las consecuencias de la falta de políticas serias de transporte y de las disputas absurdas entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, cada uno de los cuales pretende sacarse de encima la responsabilidad del manejo de una de las actividades que más influye en la calidad de vida de los ciudadanos”.

Para el legislador, “mientras el Gobierno nacional y el local juegan a las escondidas, los usuarios viajan cada día peor, más inseguros, más incómodos, con frecuentes interrupciones del servicio, sin adecuada ventilación y sin garantías de que no ocurran accidentes que puedan poner en peligro su integridad física o su vida”.

El radical advirtió además que en el transporte, “como en la energía, se refleja con nitidez la ausencia de políticas de largo plazo, que se manifiesta en una alarmante desinversión”.

Por su parte, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) calificó de “barbaridad” la medida adoptada por Metrovías y alertó que se trata de “un servicio público muy sensible, que afecta a muchos usuarios de la Ciudad y del Gran Buenos Aires.”

“Es inaudito que a los trabajadores se los intime y hasta procese cuando inician una medida de fuerza reclamando mejoras en las condiciones de prestación del servicio y salariales; mientras que estas empresas, que sistemáticamente violan los marcos legales en los que se les otorga la concesiones de servicios públicos, salgan judicialmente ilesas y sigan acumulando ganancias extraordinarias a costa del erario público”, explicó.

Aún más, Donda consideró que este retiro de formaciones “no tiene ninguna justificación bajo el justificativo de reducción de ganancias”, ya que el grupo Roggio -dueño de Metrovías- “debe explicar las suntuosas ganancias obtenidas a costa de la pauperización del servicio e incumplimiento de los contratos vigentes”.

Más rotundo fue el diputado porteño Alejandro Bodart (MST en Movimiento Proyecto Sur) -autor del proyecto de ley de reestatización- quien afirmó hoy: “Es otro chantaje más de Metrovías, que pretende más subsidios y perjudica a los pasajeros. Hay que rescindirle ya mismo el contrato y recuperar el subte como un verdadero servicio público y con control social”.

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