El legislador Rafael Gentili presentó un proyecto de ley para que la Ciudad acepte el traspaso del Subte, el Tranvía del Este y las 33 líneas de colectivos que no exceden los límites capitalinos.

 El texto de la propuesta, que cuenta con estado parlamentario, implica:

1. Aceptar la transferencia del subte y de las líneas de colectivo.

2. Ordena al Poder Ejecutivo local a reanudar las negociaciones con el Estado Nacional por 90 días sobre todos los puntos pendientes, incluso subsidios.

3. Si en ese plazo no hay resultado favorable, la Ciudad debe hacerse cargo de los servicios pero queda obligada a presentar las acciones judiciales y/o administrativas correspondientes para asegurarse los recursos en obras y subsidios que por derecho le correspondan.  Para ello dispone de 60 días a partir del final de las conversaciones estipuladas en el punto anterior.

4. Anular el aumento de tarifas dispuesto el 6 de enero pasado mediante el decreto 27/2012 y convocar inmediatamente a Audiencia Pública para discutir el marco tarifario del Subte y demás servicios de acuerdo al artículo 13 de la ley 210.

5. Dentro de los 120 días corridos desde que se asumen los servicios, Subterráneos de Buenos Aires y el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad deben realizar una auditoria sobre el cumplimiento del contrato de concesión a Metrovías a fin de evaluar su continuidad o eventual prestación de los servicios por parte del Estado.

6. Dentro de los 90 días corridos desde que se aceptan las competencias sobre el subterráneo, la Auditoría de la Ciudad debe inspeccionar “los aspectos legales, técnicos y financieros de la Concesión del Servicio de Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires a la empresa Metrovías durante los años 2006 a 2011, debiéndose expedirse sobre los siguientes puntos de concesión, sin perjuicio de otros que considere pertinentes:
a- Inversión en infraestructura de acuerdo a contrato de concesión y modificatorios y/o acuerdos con el Gobierno Nacional y Gobierno de la Ciudad autónoma de Buenos Aires.
b- Estado de Material Rodante, Vías, Sistema de Señalización, Sistemas de Seguridad del Servicio de Transporte y en instalaciones.
c- Informes de otros Organismos de Control de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Estado Nacional.
d- Balance de la empresa concesionaria y flujo monetario entre el concesionario y sus empresas controlantes Benito Roggio Trasnsporte S.A., C.L.I.S.A. y Roggio S.A.
e- Análisis de la explotación de los negocios colaterales.
f- Subsidios recibidos por la Concesionaria y aplicación de los mismos.
g- Cumplimiento de lo estipulado en el contrato de concesión y modificatorios, sobre obligaciones del concesionario sobre mantenimiento y revisiones de material rodante, vías e ítems relacionados a la seguridad del servicio de transporte e instalaciones.
h- Condiciones de seguridad, salubridad e higiene de las instalaciones y elementos, que involucran a los Trabajadores del Subterráneo.
i- Responsabilidad del Gobierno Nacional y/o sus funcionarios/as por eventuales incumplimientos de sus deberes en el control y cumplimiento del contrato de concesión.

De esta manera, la Legislatura intentará destrabar el conflicto abierto entre la Ciudad y la Nación desde que Mauricio Macri decidió suspender unilateralmente las negociaciones a fines de febrero.  Al mismo tiempo, se impone una urgente acción de parte de ambos Estados si se considera que a fin de año la Nación dejará de aportar los subsidios convenidos en el Acta Acuerdo del 3 de enero mientras que la Ciudad no prevé fondos para reemplazarlos.  Esta situación, de no resolverse en el corto plazo, podría desembocar en un nuevo conflicto sindical como el que se vivió a principios de agosto, cuando el servicio estuvo paralizado por 10 días consecutivos.

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