En los últimos días de febrero, la tradicional panchería Discapanch, que funcionaba desde hace casi 20 años en el hall de Retiro Mitre, fue desalojada de su local en el marco de la refuncionalización comercial de esa estación.
Desde el año pasado, Discapanch venía advirtiendo que Trenes Argentinos Operaciones le había aumentado el valor del alquiler más de un 800% -según trascendió, a Discapanch le pidieron un alquiler de 50 mil pesos mensuales-, con lo que se hacía insostenible la actividad.
Ante la insistencia de su fundador, Saúl Macyszyn, la empresa estatal le otorgó a la panchería un permiso para instalar un carrito (“food truck“) en el hall, lo que de momento les permitiría mantener las fuentes de trabajo. De hecho, en el marco de una visita a Retiro días atrás, el carrito fue visitado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el presidente de SOFSE, Marcelo Orfila, quienes se fotografiaron con los empleados.
Sin embargo, para Macyszyn, las perspectivas no son optimistas: “El food truck vende menos que un local y no alcanza para pagar todos los sueldos. Yo tengo 10 empleados discapacitados y con problemas sociales, es decir que tengo que pagar 10 sueldos que van de $13.000 a $22.000″, afirmó.
Tras el desalojo, el viejo local ya tiene nuevo inquilino: según trascendió, se instalará allí un local de la cadena de accesorios Todo Moda, que abonará un alquiler de 70 mil pesos mensuales. De esta manera, Discapanch se transformó en la primera víctima de la estrategia comercial delineada por la Gerencia Comercial de Trenes Argentinos Operaciones, basada en desplazar a los actuales locatarios para reemplazarlos por “marcas de primer nivel”, tal como reveló este medio el año pasado.
En el proceso, sin embargo, las autoridades habrían cometido varias irregularidades: en el revalúo de los alquileres no se habría dado intervención al Tribunal de Tasaciones de la Nación, que debe tomar parte en estos casos para determinar nuevos valores. Tampoco se ha dado intervención a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que de acuerdo con el decreto 1382/12 es la que debe administrar todos los inmuebles ferroviarios no afectados a la explotación.
El objetivo final sería doble: por un lado, abrir oportunidades al sector privado inmobiliario, del que provienen buena parte de los cargos directivos de la SOFSE: desde su polémico presidente, Marcelo Orfila (que está imputado por una contratación irregular de seguros ferroviarios), ex gerente general del Grupo Monarca, hasta el staff de la Gerencia Comercial, copada por ex ejecutivos de Consultatio. “Orfila no vino a SOFSE a operar trenes o a federalizar el ferrocarril, vino a hacer negocios”, dijeron a este medio desde dentro de la empresa.
Por otra parte, la medida también busca incrementar los ingresos no tarifarios de la operadora ferroviaria estatal, ya que el ejecutivo tiene en la mira desde hace tiempo recortar las transferencias que el fisco le hace a esa empresa, entre otras estatales. “Deben empezar a ser rentables y generar sus propios ingresos”, afirmaron recientemente desde el Gobierno. De eso habló la semana pasada el propio Orfila, quien afirmó que su proyecto es diversificar los propósitos de la compañía para “pasar de ser una empresa que mueve trenes para convertirnos en una compañía de servicios al pasajero”.
