La semana anterior una serie de negociaciones entre los principales bloques de la Legislatura logró destrabar la nueva ley de subterráneos. Cambios importantes.

Desde la campaña para la jefatura de Gobierno Mauricio Macri, como los demás candidatos, insistió profundamente en la importancia de desarrollar la red de subterráneos. Se habló con insistencia de los 10 km por año. Aunque luego se redujeron a 27 en cuatro años, ni bien comenzó su gobierno se buscó plasmar en una ley el nuevo proyecto de subterráneos, que contemplaba originariamente cambios en el financiamiento de las obras, las trazas de las líneas a construir y su posterior operación.

Tal como informara enelSubte.com, las dificultades no fueron menores. Por un lado, el macrismo necesitó negociar con el gobierno nacional para llevar adelante el nuevo mecanismo de financiamiento por préstamos externos. Por otro, se enfrentó con la absoluta falta de consenso entre los bloques hacia las modificaciones en las trazas que pretendía imponer y las quejas de agrupaciones vecinales por lo que entendían como un cambio contraproducente e insuficientemente estudiado. Todo esto llevó a que, en el curso de la semana pasada, la iniciativa del PRO estuviera por caer en saco roto.

Como el partido del jefe de Gobierno no alcanza la mayoría absoluta en la Legislatura, se vio forzado a negociar. El pasado viernes los bloques llegaron finalmente a un acuerdo donde las principales consecuencias fueron la modificación en el financiamiento y la aceptación por parte del macrismo de conservar las trazas previstas por las ley 670, promulgada durante el gobierno de Ibarra tras estudios de factibilidad llevados adelante por Subterráneos de Buenos Aires y defendida ahora mucho más de lo que el gobierno porteño esperaba. Hoy martes se formalizará la iniciativa consensuada, que podría ser votada este jueves.

Sin embargo, lo informado ayer por este medio no constituye el total de los cambios que sufrió el proyecto de ley. Se dijo que el macrismo quería modificar la regulación de la posterior operación de las líneas a construir, lo que implica quién y cómo estará facultado para hacerlo. La principal modificación que se buscaba era introducir un mecanismo de subsidio, algo no contemplado por la ley vigente, que lo niega taxativamente. Mientras que la redacción original del proyecto compensaba la operación en general, la propuesta de la oposición llevó a que se pueda subsidiar ahora únicamente la tarifa y con acuerdo de la Legislatura. Esto evitaría en principio manejos arbitrarios como los que se le imputan al secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime.

De todos modos, el cambio más destacado y que puede tener consecuencias futuras es uno que hasta el momento había pasado desaparecibido. Según consignó el legislador Martín Hourest, del bloque Igualdad Social, el macrismo aceptó que a la forma de operación prevista por la ley actual para las líneas a construir se añadiera la administración directa. Hasta ahora, la única alternativa contemplada por ley para las nuevas líneas era la entrega en concesión a un operador privado. Con la modificación, se establece abiertamente la posibilidad de que sea el Estado quien asuma directamente la responsabilidad del servicio.

En otras palabras, por primera vez desde la entrega en concesión de la red de subterráneos en 1994 se abre la puerta a que Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) reasuma su función de operadora natural. Aunque por el momento la alternativa se plantea sólo para las nuevas líneas, es un cambio fundamental que deja atrás el enfoque necesariamente privatista. Al igual que con la nueva ley de reorganización ferroviaria, no se cierra la posibilidad de concesionar pero queda en manos del gobierno la decisión última. Ahora, al menos, queda explícita y renovada la posibilidad de un servicio público de subterráneos estatal.

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