La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 82 inciso 3° que la Legislatura Porteña aprobará por dos tercios de los votos de sus miembros “toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad, por más de cinco años“. El artículo 89 inciso 5° precisa que “toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre el dominio público de la Ciudad” requerirá “procedimiento de doble lectura”.
Ambas previsiones representan hoy el mayor escollo para la aprobación del proyecto del ejecutivo para concesionar el Subte por un plazo de hasta quince años (12 con opción a una prórroga por tres más).
En la práctica, ese proyecto necesitaría los votos de afirmativos 40 legisladores en dos oportunidades, un número casi imposible de lograr para el oficialismo en solitario a pesar de su excelente performance en las elecciones primarias, que previsiblemente se repita en las generales. La posibilidad de conseguir voluntades en los otros bloques está complicada. La abrumadora mayoría de la oposición -un diverso arco que se extiende desde los legisladores que responden a Martín Lousteau hasta el Frente de Izquierda, pasando por el peronismo, el kirchnerismo y el Socialismo Auténtico– está, con matices, por la estatización del servicio.
El oficialismo, sin embargo, promueve una peculiar interpretación del texto constitucional. Según publicó este lunes el matutino La Nación, “altas fuentes gubernamentales” aseguraron que el proyecto se aprobará con mayoría simple (es decir, 31 votos) ya que no se trataría “de una concesión sobre un bien de dominio público” sino que “directamente se está concesionando un servicio”.
Desde la oposición plantean sus reservas. En diálogo con enelSubte, la legisladora Inés Gorbea, jefa de bloque de Evolución, dijo: “A nuestro entender no es así. Si bien está claro que se concesiona un servicio, ese servicio se brinda utilizando bienes de la Ciudad que están afectados directamente a esa concesión. Sin esto, el servicio no puede ser brindado. Motivo por el cual no puede escindirse uno del otro”. “Intentar concesionar este servicio negando que el mismo se opera sobre bienes inmuebles de la Ciudad no es más que una intepretación por lo menos errónea de lo que nuestra Constitución exige”, puntualizó la diputada.
A sabiendas de que el planteo oficial es polémico, la apuesta del gobierno es que la oposición no impugnará el procedimiento ante la Justicia para evitar pagar los costos políticos que implicaría dejar al Subte en una suerte de limbo operacional, sostenido únicamente por la precaria prórroga que se proyecta dar a la actual operadora Metrovías mientras se resuelva la cuestión.
